Una jueza federal en California ha ordenado al gobierno de Donald Trump reanudar temporalmente la asistencia legal a miles de niños migrantes que se encuentran en Estados Unidos sin la compañía de un adulto responsable.
El 21 de marzo, la administración republicana canceló un acuerdo con el Centro Acacia para la Justicia, una organización que brindaba apoyo legal a menores migrantes no acompañados a través de una red de grupos de asistencia subcontratados. Once de estos grupos demandaron al gobierno, advirtiendo que unos 26,000 niños podrían quedar sin representación legal. Cabe señalar que Acacia no forma parte de los demandantes.
La jueza Araceli Martínez-Olguín, del Tribunal de Distrito en San Francisco, emitió la orden de restricción temporal la noche del martes. En su resolución, destacó que los demandantes habían presentado argumentos válidos sobre una posible violación de la ley de 2008, lo que justificaba mantener las condiciones previas mientras se resuelve el litigio. La orden estará vigente desde el miércoles y hasta el 16 de abril.
"El Tribunal también considera que continuar con la financiación de la representación legal para menores migrantes no acompañados contribuye a la equidad y eficiencia del sistema migratorio", manifestó la magistrada en su fallo.
Este fallo representa el tercer revés legal para la estrategia migratoria del gobierno de Trump en menos de una semana, aunque todas las decisiones podrían ser temporales mientras los casos continúan su curso. El viernes pasado, un juez en Boston dictó que las personas con órdenes de deportación definitivas deben recibir una "oportunidad significativa" para impugnar su traslado a un país distinto del suyo.
Simultáneamente, el lunes, otro juez en San Francisco bloqueó temporalmente el fin de las protecciones para cientos de miles de migrantes venezolanos, incluidos 350,000 cuyo estatus expiraba el 7 de abril.
Los demandantes argumentan que el gobierno está obligado por la Ley de Reautorización de la Protección de las Víctimas de la Trata de Personas de 2008 a garantizar asistencia legal a menores en situación de vulnerabilidad. Subrayaron que muchos de estos niños son demasiado pequeños para expresarse, han sufrido traumas graves o no hablan inglés.
Esta legislación establece que el gobierno debe, en la medida de lo posible, garantizar que los menores que ingresan solos al país cuenten con representación legal en sus procesos migratorios y estén protegidos contra la explotación, el abuso y la trata de personas.
Por su parte, el Departamento de Salud y Servicios Humanos y la Oficina de Reubicación de Refugiados, entre los demandados, argumentaron que el financiamiento de esta asistencia legal no es una obligación de los contribuyentes, sobre todo en un contexto de reducción de gastos por parte del gobierno. Añadieron que los tribunales de distrito no tienen autoridad para intervenir en la anulación de un contrato que ya habría expirado a finales de marzo.
Jonathan Ross, representante del Departamento de Justicia de EE.UU., aseguró que el gobierno sigue financiando actividades legalmente requeridas, como las sesiones de orientación legal, y que las clínicas jurídicas pueden seguir ofreciendo sus servicios de forma gratuita.
"Aún pueden brindar estos servicios de manera pro bono", afirmó Ross.