El marco normativo para combatir el crimen organizado ha sido reforzado con distintas leyes y reformas constitucionales, entre las que destacan:
-
Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.
-
Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece reglas específicas para investigaciones complejas.
-
Ley de Seguridad Nacional y Ley de Extinción de Dominio.
-
Tratados internacionales en materia de cooperación y asistencia jurídica.
El artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada define a las organizaciones criminales como aquellas formadas por tres o más personas con el propósito de cometer delitos de manera permanente o reiterada.
Fortalecimiento de fiscalías especializadas, como la FGR y la UIF, con mayores atribuciones para congelar cuentas y rastrear operaciones ilícitas.
-
Uso de técnicas especiales de investigación, como intervenciones telefónicas, agentes encubiertos y operaciones encubiertas.
-
Aplicación de la Ley de Extinción de Dominio para recuperar bienes adquiridos mediante actividades ilícitas.
-
Colaboración internacional, especialmente con Estados Unidos, para el combate trasnacional al narcotráfico y lavado de dinero.
-
Corrupción institucional que debilita las investigaciones y filtración de información a grupos criminales.
-
Violencia e intimidación hacia jueces, fiscales y periodistas que obstaculizan la aplicación efectiva de la ley.
-
Impunidad sistémica: la mayoría de los crímenes de alto impacto no se investigan ni sancionan adecuadamente.
-
Debilidad en el sistema de protección a testigos y víctimas.
Impacto en la justicia y el estado de derecho
El crimen organizado no solo representa un problema de seguridad pública, sino también un ataque directo al Estado de derecho. Las instituciones judiciales, fiscales y de seguridad deben actuar con plena independencia y coordinación para enfrentar redes criminales que operan de manera sofisticada y transnacional.
A nivel social, la percepción de impunidad ha erosionado la confianza ciudadana en el sistema de justicia. Para revertir esta situación, es necesario implementar políticas integrales que incluyan prevención, inteligencia financiera, cooperación internacional, atención a víctimas y fortalecimiento del tejido social en las comunidades afectadas.
La estrategia jurídica también requiere incorporar una perspectiva de derechos humanos en el combate al crimen organizado. El uso de la fuerza, la prisión preventiva oficiosa y las investigaciones deben regirse por criterios de legalidad, proporcionalidad y respeto a las garantías individuales. De lo contrario, se corre el riesgo de que las respuestas del Estado vulneren el marco constitucional y perpetúen la desconfianza.
El combate al crimen organizado en México exige una respuesta jurídica y estratégica integral, basada en la coordinación institucional, la aplicación efectiva de la ley y el respeto a los derechos humanos. Superar este desafío es vital no solo para la seguridad nacional, sino para el fortalecimiento democrático y la vigencia del Estado de derecho.